La ruta de los reglamentos

El artículo 29 de la Ley de Tránsito, Decreto 132-96, establece que todo propietario de un vehículo autorizado para circular debe contratar como mínimo un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, conforme a las disposiciones reglamentarias de la ley. Esas disposiciones nunca se emitieron de forma general.

Se emite el reglamento del seguro obligatorio para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga. Cubre un sector, no a todo el parque vehicular. Se prorroga con el Acuerdo 38-2021.

La Corte de Constitucionalidad desestima los expedientes 2338-2021 y 5222-2021, ambos sobre la falta de reglamentación del artículo 29.

Tras manifestaciones y mesas técnicas, el Acuerdo 151-2022 deroga el 17-2020. Se potencia el proceso de socialización con sectores involucrados directamente y organizaciones civiles de todo tipo, por parte de la Alianza Guatemalteca por Guatemala. Este proceso unió al país a favor de los reglamentos.

La Cámara de Transportistas Centroamericanos presenta el amparo 7105-2022 contra la omisión de exigir el seguro. Pide que se ordene emitir la normativa en un plazo perentorio de tres meses.

Otorga el amparo a la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca) y pide al Presidente de la República emitir el reglamento que desarrolle el artículo 29, exigiendo a todo propietario de vehículo contratar como mínimo un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes. Cinco magistrados a favor, uno disidente. Con precisión: la Corte exhortó y no fijó plazo, como pretendía la Cámara de Transportistas Centroamericanos porque presumió buena fe de las autoridades. La historia comprueba que no hubo.

Un bus extraurbano cae del puente Belice. Mueren 54 personas y 9 quedan heridas. El país entra en luto nacional y la discusión del seguro obligatorio se reabre. La aseguradora honra la póliza y desembolsa Q9.8 millones.

Se publican los cuatro reglamentos del seguro obligatorio en el Diario de Centro América, con entrada en vigor el 1 de mayo. La cobertura de prensa de ese día es solo descriptiva. Ninguna pieza publicada el 17 de marzo menciona a las víctimas de tránsito : se publicó la medida sin explicar para qué servía.

Guate para Guate y la Unidad Nacional por las Víctimas de Accidentes de Tránsito respaldan públicamente la medida. Se informa que más de 489 organizaciones y gremios participaron en la propuesta de los reglamentos. Ese mismo día la agencia estatal publica dos tablas de precios distintas y la conversación se traslada al costo, perdiendo el enfoque en las víctimas.

Es el día de mayor cobertura de todo el caso. Se presenta un amparo y la Corte da doce horas al Presidente Arévalo para informar sobre la medida. No la defiende ni desmiente la desinformación que circula.

El Ejecutivo deroga el paquete completo. El Gobierno anuncia una mesa técnica para discutir la implementación del artículo 29, con plazo máximo de un año, y el compromiso de impulsar una ley general de transporte. Las agencias internacionales archivaron el episodio así: el Gobierno retrocedió ante los bloqueos. Ninguna de las siete piezas internacionales menciona a las víctimas de tránsito.

Tras la derogatoria, la Alianza Guatemalteca por Guatemala atribuye los bloqueos a la falta de comunicación del Gobierno, señala el fracaso de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y anuncia acciones para dar a conocer los beneficios de los acuerdos derogados. Nuestra posición no cambió: el problema no fue la medida, fue que nadie la explicó.

Prensa Libre publica un reportaje sobre víctimas de tránsito que costean cirugías, terapias y traslados sin ningún respaldo institucional, en hospitales sin medicamentos y con familias endeudadas.

141 personas murieron y 751 resultaron heridas viajando en buses extraurbanos en un año. Los usuarios consultados no sabían que esos buses tienen seguro obligatorio ni que podían pedir indemnización. El mecanismo también falla por desinformación.

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga solicita instalar en el Congreso una mesa técnica para reformas integrales a la ley de tránsito, su reglamento y la implementación del seguro. Trasladar al Congreso lo que el Ejecutivo puede resolver por reglamento alarga el proceso por años. Las víctimas actuales seguirían sin protección por más tiempo.

La Alianza Guatemalteca por Guatemala se reúne con el Presidente Bernardo Arévalo y con los facilitadores del proceso para tratar la publicación de los reglamentos.

Se cumple el año que el propio Gobierno se fijó al derogar. No hay publicación, no hay reglamento y no hay resultado público de la mesa.

Han pasado más de 950 días desde la exhortación de la Corte de Constitucionalidad y más de 550 días desde que el Presidente Arévalo prometió la publicación de los reglamentos cuando los derogó.